El Gobierno ha dado el sí sobre la alternativa de enterrar 120 millones de toneladas de residuos tóxicos, aún queda por saber Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y el Consejo de Seguridad Nuclear.
Décadas de acumulación de residuos tóxicos
Durante 40 años se acumularon residuos tóxicos en los fosfoyesos de Huelva. Alrededor de 100 millones de toneladas fueron vertidos por la empresa Fertiberia sobre 1.120 hectáreas. La empresa tenía hasta entonces concesión para utilizar esos terrenos como depósitos en plenas marismas.
A finales de los años 60 comenzó a acumularse las pirámides de fosfoyesos, derivados de la producción de fertilizantes agrícola. Entre los restos, hay uranio, radio y otros materiales radiactivos, que provienen de la roca fosfática tratada con ácido sulfúrico de la que resulta el fertilizante.
Hasta 1997, cada año Fertiberia producía 2,5 millones de toneladas de fosfoyesos y el 20 por ciento de su total se vertia en el río Odiel sin control ni tratamiento.En el 2003, el Ejecutivo decidió retirarle la concesión debido a diversos incumplimientos, como la superación de los espesores máximos de yeso y la utilización inadecuada de una de las balsas. La empresa acudió a la justicia que falló en el año 2007 a favor del Gobierno respaldandolo y dándole la razón. Sin embargo, los vertidos indirectos continuaron hasta el 2010, cuando la justicia finalmente detuvo la acumulación de residuos ya que el riesgo producido por la contaminación se hacia evidente.
Una década más tarde, la opción mas avalada por el Gobierno es enterrar las montañas de fosfoyesos junto a otros peligros minerales. El Gobierno ya dio su primera autorización para cubrirlas con una capa de un metro de tierra y arcilla compacta.
Buscando alternativas por científicos
Sin embargo, un comité de 19 expertos científicos buscan otras alternativas como el traslado de los residuos mediante buques o camiones o desactivar la naturaleza química de los residuos. De esta manera, también descartarían el riesgo de terremotos o tsunamis. El grupo de científicos está colaborando con Feriberia en cada punto a tener en cuenta para buscar la mejor solución posible, ya que hablamos de una gran daño medio ambiental y la salud de 150.000 personas.
Hace años, el apilamiento de fosoyesos de 8 metros de altura que se realizó, filtra al día de hoy contaminantes al mar. Lo mismo sucede con la balsa número cuatro de 125 hectáreas. El investigador en hidrología del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Huelva, Rafael Pérez ilustra que “las filtraciones son muchas, poco caudalosas pero constantes, como para llenar 150 piscinas olímpicas al año. Esto pone en jaque la restauración preliminar porque se pensaba que las filtraciones venían del agua de lluvia, pero el origen es el agua mareal que entra a través de loscanales, lava en profundidad los fosfoyesos y retorna al estuario”. “El agua del estuario tiene un PH de entre cuatro y ocho, y la que retorna de las balsas presenta un valor de 1, mucho más ácida y cargada de contaminantes”.
Enterrar los residuos tóxicos como solución
Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico descartó la opción del traslado de los 120 millones de toneladas a balsas impermeabilizadas y alejadas del mar y de núcleos de población sin aportar argumentos científicos, por lo que el enterramiento de los residuos es hoy la opción más probable. El Gobierno de España ya dio el sí, aún queda que la Junta de Andalucía otorgue una autorización ambiental, el Ayuntamiento de Huelva y el Consejo de Seguridad Nuclear, que debe participar en la decisión debido a la presencia de radioactividad.
La Audiencia Nacional no termina de fiarse de que la compañía vaya a cumplir con el plan entero. El tribunal entiende que “existe el riesgo de que Fertiberia no ejecute la obra, sin que ni siquiera se tenga garantías de que vaya a ser posible ejecutarla a su costa”. Así, Fertiberia ha agotado la paciencia de la Audiencia, que ha decidido que si no aparece en plazo la garantía, Javier Goñi del Cacho, presidente de Fertiberia, pagará “multa de 1.500 euros reiteradas cada 20 días, hasta la completa ejecución de lo fijado por el tribunal”.
“Para Fertiberia, la solución más fácil es enterrar los residuos. A la ciudadanía no nos
corresponde decidir qué hacer. Es la administración la que tiene que proponer alternativas. Si este proyecto no es válido, que la empresa presente otro. Nuestra opción siempre va a ser reutilizar los residuos. Hay muchas posibilidades y somos conscientes de que no va a haber una solución mágica”, afirma a Público Rafael Gavilán, portavoz municipal de la Mesa de la Ría.
“No tener el apoyo de un Gobierno progresista es un varapalo tremendo porque el ministerio se ha saltado su propia ley de Costas. Un chiringuito hay que hacerlo desmontable, pero un vertedero hay que sellarlo y dejarlo en plena marisma”, critica Juan Manuel Buendía, presidente del colectivo. Julio Barea, de Greenpeace, añade: “Es una burla y dejarán una bomba química al amparo de las mareas y del cambio climático, porque eso se lo llevará el mar. Y lo dice la Constitución, quien contamina, paga. Hay dos partes semirestauradas y no valen. ¿Es lo mejor para la empresa? Sí. ¿Lo mejor para Huelva y sus ciudadanos? No”.
